La aprobación de la Ley 21.600, donde rezan 154 artículos, significará, además, aumentar en casi un 58% el presupuesto anual destinado a la institucionalidad ambiental y potenciará la participación privada en la gestión de las áreas protegidas. Esto, según lo expresado por la ministra del Medio Ambiente Maisa Rojas durante la ceremonia de lanzamiento de la normativa en el Cerro la Campana, Región de Valparaíso.

Es imposible negar el avance que significa para el país la creación del SBAP en materia de protección y cuidado de nuestro ecosistema. Sin embargo, deja puntos relevantes por resolver. Por ejemplo, las concesiones sectoriales en áreas protegidas (especialmente las áreas determinadas resolutivamente en general como bajo protección oficial) el Ministerio del Medio Ambiente tuvo intención de prohibirlas, pero la propuesta no se aprobó y siguen vigentes las leyes previas.

El artículo sexto de la Ley Nº21.600 establece que las concesiones o contratos que se hubieren adjudicado antes de la creación de un área protegida en espacios comprendidos en ellas continuarán vigentes al interior de estas, hasta el momento que se efectúe su relocalización. En relación con las salmoneras, por ejemplo, el año 2022 existía un total de 1.400 concesiones otorgadas, de las cuales 411 se ubican al interior de áreas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, 100 de las cuales estuvieron operativas el 2022.

Es importante seguir avanzando hasta dejar sin exclusiones la prohibición de actividad industrial dentro de áreas protegidas, en particular el cultivo de especies exóticas a escala industrial como es la salmonicultura. El artículo 158, que fue rechazado, establecía que “las zonas lacustres, fluviales y marítimas que formen parte de reservas de región virgen, parques nacionales y monumentos naturales quedarán excluidas de toda actividad pesquera extractiva y de acuicultura”.

El problema es que hoy en las áreas bajo protección oficial del país ya existen múltiples actividades productivas y económicas de alto impacto sobre la naturaleza. Este punto es clave, y de él surgen muchas interrogantes, porque si bien la ley entrega, por lo menos en el papel, elementos de protección, vigilancia y sanciones, todos sabemos que para que esto se cumpla se requiere crear mayor conciencia en la ciudadanía, y por lo tanto en la educación, y eso no está incorporado en la ley. Por otro lado, nos preguntamos: ¿Por qué tienen que existir concesiones dentro de las áreas protegidas? A nuestro entender eso no es proteger el medio ambiente a cabalidad, y la ley se extiende latamente en el aspecto de las concesiones, verbigracia, a los privados. Y tenemos cientos de ejemplos de lo que ha sucedido en sectores de protección que se ponen en manos privadas. Un ejemplo es la construcción de grandes edificios en las dunas de la V Región, particularmente en el sector comprendido entre Reñaca y Concón, o sectores costeros abundantes en humedales, daño al bosque nativo en el sur, los conflictos con el agua, las mineras, etcétera. Es decir, esta no es una ley que deje claramente establecido que la protección del medio ambiente, independiente de su origen y estatus jurídico, está por sobre la ganancia económica de sectores minoritarios de la población. Las leyes a medias no sirven, pues los vacíos que dejan son una ventana abierta para que sean transgredidas “legalmente” (entre comillas), por decirlo de alguna manera. Y esta ley deja muchos vacíos en el tema de las concesiones, que, si somos serios en el tema, no deberían existir en los sectores protegidos. Creemos que la discusión, el debate, recién comienza y se debería informar mejor a la ciudadanía y en algún momento consultarla.